Esta iniciativa busca estimular un derecho y deber ciudadano de elegir a sus representantes y a su vez facilitar el acceso a la educación. De esta manera, se busca a través de una modificación a la norma para que el Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional, también tenga que asumir el reintegro del valor descontado a las matrículas en las demás instituciones oficiales de educación superior y no solo en las Universidades.