Con esta iniciativa se busca establecer de manera inequívoca las sumas que la Nación debe girar al Ministerio Nacional de Educación, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus beneficiarios. Igualmente se establece la obligatoriedad de ejercer una debida vigilancia en dos frentes. El primero por medio del ejercicio de auditoria médica de alta calidad que permita hacer los correctivos necesarios in situ y el segundo por medio de una auditoria administrativa y financiera que rinda fe sobre el correcto manejo y administración de estos recursos.