LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE PERMITEN GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL, MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE COMPETENCIAS AL INTERIOR DE LA FUERZA PÚBLICA, PARA EL COMBATE DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS GRUPOS. ESTA INICIATIVA BUSCA HABILITAR A LAS FUERZAS MILITARES PARA QUE EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES CONSTITUCIONALES, DE MANTENER LA INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL, DEFENDER EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y SALVAGUARDAR LA SOBERANÍA NACIONAL DE AMENAZAS INTERNAS, USE TODO SU ACCIONAR EN EL ENFRENTAMIENTO DE UNO DE LOS MAYORES FLAGELOS GENERADORES DE VIOLENCIA QUE AZOTAN A LA NACIÓN, COMO SON LAS ACCIONES CRIMINALES REALIZADAS POR ESTRUCTURAS ARMADAS QUE AUNQUE AJENAS A LA APLICACIÓN DIRECTA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, OCASIONAN UNA DESTRUCCIÓN TAL Y REPRESENTAN UNA AMENAZA CAPITAL QUE REQUIERE EL USO INFRANQUEABLE DE LA FUERZA MILITAR CON EL FIN DE DEFENDER LOS DERECHOS A LA LIBERTAD, LA PAZ, LA VIDA Y HONRA DE LOS NACIONALES.