EL PROYECTO ESTABLECE CLARAMENTE LA DISTINCIÓN ENTRE CONSULTAS INTERNAS Y POPULARES. SE DENOMINARÁN INTERNAS CUANDO EN ELLAS SÓLO PUEDAN PARTICIPAR LOS MIEMBROS DEL PARTIDO O MOVIMIENTO QUE LAS CONVOQUE Y POPULARES CUANDO PUEDAN HACERLO TODOS LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN EL CENSO ELECTORAL. REGLAMENTA DE MANERA DETALLADA LAS CONSULTAS DE COALICIÓN; INDICA CLARAMENTE LOS ASPECTOS QUE DEBEN SER ACORDADOS PREVIAMENTE POR ESCRITO QUE SERÁ PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO O LISTA, ASPECTOS QUE REQUIEREN PRECISIONES A EFECTOS DE SUPERAR LA INCERTIDUMBRE REINANTE EN ESTA MATERIA. EN CUANTO A LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS CONSULTAS, SE INCORPORA UN ELEMENTO NOVEDOSO QUE PRETENDE, NO SÓLO RACIONALIZAR LOS COSTOS QUE PARA ESTADO TIENE LA CELEBRACIÓN DE LAS CONSULTAS, SINO TAMBIÉN, Y QUIZÁ MÁS IMPORTANTE, EVITAR LAS INFLUENCIAS EXTERNAS DE UNOS PARTIDOS O CIUDADANOS EN LAS CONSULTAS DE LOS OTROS, CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE ALTERAR LA REAL VOLUNTAD DE ESE PARTIDO. ASÍ LAS COSAS, CUANDO LOS PARTIDOS DECIDAN ESCOGER A SUS CANDIDATOS A LOS CARGOS UNINOMINALES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LAS CONSULTAS, ESTO SERÁN ESCOGIDOS EL MISMO DÍA Y POR EL MISMO PROCEDIMIENTO. SE ESTABLECE QUE EL RESULTADO DE LAS CONSULTAS ES OBLIGATORIO Y QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LOS PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y/O CANDIDATOS INCUMPLIDOS, SERÁN RESPONSABLES DE LOS GASTOS EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL, LOS CUALES SERÁN DETERMINADOS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CON BASE EN LOS INFORMES Y PRUEBAS QUE APORTE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. QUIENES PARTICIPEN COMO PRECANDIDATOS, POR SU PARTE, QUEDARÁN INHABILITADOS PARA INSCRIBIRSE COMO CANDIDATOS, DENTRO DEL MISMO PROCESO ELECTORAL, POR PARTIDOS, MOVIMIENTOS O COALICIONES DISTINTAS. SEÑALA LAS ACCIONES U OMISIONES IMPUTABLES A LOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS, LAS SANCIONES APLICABLES, LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS COMPETENCIAS. ESTABLECE QUE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS RESPONDERÁN CUANDO LAS ANTERIORES FALTAS SEAN IMPUTABLES A SUS CANDIDATOS A CARGOS O CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR O, EN GENERAL, A SUS MILITANTES, CUANDO SUS DIRECTIVOS NO CUMPLAN LOS DEBERES DE DILIGENCIA TENDIENTES A EVITAR LA REALIZACIÓN DE TALES ACCIONES U OMISIONES O CUANDO NO INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS TENDIENTES A SU INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN. LAS SANCIONES QUE PREVÉ EL PROYECTO VAN DESDE MULTA HASTA CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y/O SU DISOLUCIÓN. EL PROYECTO NO SÓLO ESTABLECE UNA ESCALA DE SANCIONES APLICABLES SEGÚN LA FALTA DE QUE SE TRATE, SINO QUE DISTINGUE ENTRE SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y SANCIONES QUE AFECTAN EL DERECHO DE ASOCIACIÓN –COMO LA CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA DISOLUCIÓN- QUE CORRESPONDE APLICAR AL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.