El proyecto de Ley busca, en primer lugar, fortalecer al Instituto de los Seguros Sociales mediante una inyección financiera que le permita fortalecerse y cumplir sin premuras su misión legal y constitucional y, segundo, mejorar las condiciones en que transcurrirá la última etapa del ciclo vital de quienes entran al forzoso retiro laboral para depender, en su gran mayoría, del fruto de su trabajo, representado en sus pensiones. Para cumplir con este propósito se requiere, disponer de unos recursos económicos y materiales que no deberán ser sufragados por los contribuyentes, ni cargarlos a las débiles y limitadas finanzas del Estado, sino tomarlos de unos dineros y de unas propiedades que, por su procedencia ilícita, el Gobierno se encuentra obligado a incautar y a legalizar para encauzarlos al servicio de la sociedad.