El proyecto aborda la temática de colaboración entre el Revisor Fiscal con las autoridades, para hacerla clara y transparente, estableciéndoles límites lógicos y necesarios al eliminar niveles de discrecionalidad. El proyecto de ley propone un sistema de contratación de servicios de Revisoría Fiscal fundamentado en la sana competencia, donde haya libre derecho de oferta y consideración de las condiciones propuestas en lo técnico y lo económico para sustituir los sistemas de relaciones y lealtades que hoy caracterizan la selección de profesionales o firmas para el ejercicio de la actividad. Se pretende que el revisor fiscal sea seleccionado con amplia consideración de las capacidades de quién va ejercer, es decir de la persona natural, que en muchas oportunidades hoy carece de la más mínima experiencia y jamás ha hecho parte del ejercicio profesional que integra el currículum de la firma.