La Ley 909 de 2004 otorgó la facultad de reglamentar la ley en cabeza del ejecutivo, que fue más allá rompiendo el derecho a la igualdad, contrariando los intereses públicos sociales, el objetivo y el propósito de la ley reglamentada y, desconociendo principios constitucionales, creando confusión en la aplicación de la norma.
Por ello es necesario evitar que disposiciones contenidas en los Decretos Reglamentarios como el artículo 24 del Decreto 760 de marzo 17 de 2005, rompan el equilibrio constitucional, estableciendo disposiciones que afectan el debido proceso, el derecho de defensa y la separación que debe existir entre las ramas del poder público.